Poco a poco la polvareda que levantó el polémico sprint vivido en las calles de Vittel el pasado martes y que acabó con la expulsión de Peter Sagan, el abandono de Mak Cavendish y un enconado debate entre los partidarios y los detractores de la decisión del jurado de la carrera, se va asentando. La entidad de los dos hombres involucrados en el altercado hace imposible que se haya podido pasar página de forma definitiva, pero el Tour de Francia sigue adelante y antes de llegar al fin de semana todo lo ocurrido en la ciudad balneario será una mera nota a pie de página que ya sólo servirá para alimentar resúmenes y repasos de la prueba en los días de descanso que están por venir y, qué duda cabe, como uno de los momentos del año cuando en diciembre hagamos repaso a todo lo ocurrido en 2017.
El Tour, decíamos, sigue adelante, pero el ruido se mantiene con cada vez menos intensidad y ahora que las cosas se han calmado un poco quizás sea conveniente intentar comprender la forma en la que se llega a una decisión tan importante como es la de expulsar de una carrera a todo un campeón del mundo y hombre que puede batir el récord absoluto de maillots verdes de la prueba.
Si en la decisión del jurado ha influido o no el hecho de que Dimension Data sea patrocinador del Tour de Francia y que el hijo del presidente de la UCI trabaje para ellos es algo que sería incluso temerario insinuar. Cada uno tendrá en ello su opinión, pero es importante que los medios de comunicación no se dejen llevar por pasiones, filias y fobias en esto. En los últimos días no han sido pocos los analistas que se han expresado en términos de ‘el Tour expulsa a Sagan‘, dando a entender que es ASO, la empresa organizadora del evento, al que de alguna manera toma la decisión final sobre la sanción que debe ser aplicada, en este caso, al corredor eslovaco.
Por ello, desde Ciclo 21 hemos querido conocer quiénes son los encargados de tomar estas decisiones y cómo es el proceso de las mismas. Para ello, lo más importante es destacar que el jurado internacional que vela por el cumplimiento de la normativa en una carrera como el Tour de Francia no depende del organizador, en este caso ASO, sino que únicamente debe de responder ante la Unión Ciclista Internacional (UCI).
El Tour de Francia, la carrera ciclista más importante del mundo, cuenta con la presencia en carrera de un total de 15 jueces-árbitro. De esos quince jueces, once son árbitros nacionales, es decir, con licencia de la Federación Francesa de Ciclismo. Empezamos el repaso por ello porque son los menos poderosos en toda esta historia. Estos once jueces no tienen ningún tipo de capacidad de decisión. Ellos están en carrera para asegurarse del cumplimiento de las normas por parte de toda la caravana (no sólo se vigila a los ciclistas), pero en caso de detectar alguna infracción, no está en su cometido aplicar una sanción, sino que deberán de remitir un informe a una instancia superior que, en este caso, son los cuatro jueces-árbitros internacionales presentes en carrera. El trabajo de estos once hombre se divide con seis de ellos en moto junto a los corredores, uno como juez de la línea de meta que, a su vez, cuenta con un asistente; uno más que viaja en el coche escoba y dos comisarios encargados de la toma de tiempos.
Y son, precisamente, esos cuatro jueces-árbitros internacionales los que, como órgano colegiado, deben de tomar las decisiones respecto a las sanciones a aplicar ante cualquier infracción del reglamento que se pueda detectar durante la carrera.
Philippe Marien (belga), al que todos hemos visto estos días leyendo el comunicado por el que se anunciaba la expulsión de Peter Sagan, es el presidente de ese jurado. Con una amplísima experiencia como árbitro, es juez internacional de la UCI desde 1991 y en este tiempo ha sido presidente del jurado, además de en la presente edición de la Grande Boucle, en el Giro de 2008 y en el Tour de 2011. El cuarteto lo completan una italiana (Francesa Mannori), un francés (Laurent Idelot) y el español Juan Marín, vallisoletano que, como su colega belga, cuenta con una dilatada experiencia como comisario UCI, cargo que ostenta desde 2003. Marín, de hecho, ha sido ya nombrado presidente del jurado que se encargará de velar por el cumplimiento de la normativa en el próximo mundial de Bergen (Noruega), donde Peter Sagan intentará anotarse su tercer arcoíris consecutivo.
En el Tour, como en cualquier otra carrera, este órgano colegiado dispone, en cada ciudad de llegada, de una zona de reunión para, después de finalizar cada etapa, poder reunirse y estudiar pormenorizadamente cada una de las acciones que ellos mismos o sus colegas del grupo francés hayan podido detectar en carrera.
Antes de reunirse en esa sala, cada uno de los cuatro jueces cubre la etapa de manera íntegra en uno de los distintos coches que en más de una ocasión vemos aparecer en las imágenes de televisión dando instrucciones –es la imagen más llamativa para espectador– a los coches y motos que circulan junto a los ciclistas. El presidente, Philippe Marien, viaja siempre (salvo en las etapas de montaña, cuando siempre se situará tras el grupo del líder) en el primer coche que circula detrás del pelotón. Los otros tres se reparten entre la caravana de los directores deportivos y la fuga del día en caso de existir una (y entre los distintos grupos de corredores en las etapas de montaña).
Las decisiones de este órgano, como decíamos, son colegiadas y, por lo tanto, surgen de la reunión diaria que mantienen en ese espacio al que ya hemos hecho referencia y en el que cuentan con la ayuda de las imágenes de televisión del día y al que, excepcionalmente, pueden llamar a los protagonistas o testigos de una acción determinada para escuchar su versión. Finalmente, la decisión sobre la sanción que se debe imponer o no surge de un acuerdo colegiado entre ellos.
Como es normal, el reglamento está abierto a interpretación y no siempre los cuatro jueces de una carrera estarán de acuerdo en la manera más adecuada de aplicarlo y, para ello, tal y como explica a Ciclo 21 el juez español Josep Bochaca, quien fuera presidente de la Comisión de Árbitros de la UCI, se somete la decisión a votación y en caso de empate es el criterio del presidente del jurado el que prevalece.
Si el organizador, un patrocinador, un directivo o una persona externa puede influir en la decisión de este jurado es algo que es, como ya hemos indicado, demasiado temerario afirmar. En ciclismo, como en cualquier deporte, siempre existirá la sospecha, sobre todo por parte del actor perjudicado de una decisión, de que los árbitros han podido ser influidos o manejados de alguna manera, pero eso, como se suele decir, habrá que demostrarlo.