El llamado ‘Pacto de Viana’, firmado el martes entre LaLiga, la RFEF y el CSD, es una de las grandes noticias del mundo del deporte de los últimos años. Para los que no tengáis noticia del mismo, se trata básicamente de la modificación del Real Decreto-ley 5/2015, de 30 de abril, sobre la comercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales de las competiciones de fútbol profesional, por el que se cambian los porcentajes que la Liga aporta al futbol no profesional -es decir, la RFEF-, y al deporte federado, olímpico y paralímpico, a través del CSD, que se incrementan al 2% y al 1,5%, respectivamente, cuando hasta ahora eran del 1%.
Un acuerdo que tomaba la forma de Decreto-Ley, por lo que necesitará la ratificación parlamentaria en el plazo legal de 30 días, aunque en este caso es de suponer que sea un mérito trámite parlamentario.
Y aunque en ningún caso se habla, ni se puede hablar, de cantidades, sino de porcentajes, la estimación que hacía ayer LaLiga es de 51 millones para las federaciones, por lo que el fútbol profesional se convierte ‘de facto’ en el mayor patrocinador del deporte español, más que el propio CSD, con una inyección de dinero que va a ser muy necesaria en esta época de vacas flacas que seguirá al final de la pandemia.
La gran novedad de este acuerdo será, como anunciaba Nadia Calviño, ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, la creación de una fundación adscrita al CSD y presidida por la secretaria de Estado para el Deporte, Irene Lozano, con un director general nombrado por el CSD, cuya función será identificar las prioridades en el ámbito del deporte federado, diseñar proyectos de difusión y promoción nacional e internacional del modelo de deporte español, y llevar a cabo la gestión y justificación de los fondos recibidos.
Una fundación que podrá recibir otros fondos públicos y privados, y que será la encargada de gestionar y comercializar los derechos audiovisuales del resto de federaciones deportivas y competiciones ajenas al fútbol, que no deseen gestionarlos por sí mismas. “No va a ser dar dinero y que hagan lo que quieran, queremos que se distribuya bien. La fundación tiene dos grandes funciones, que son garantizar el rescate de todos los deportes y ayudar a las federaciones que tengan dificultades para la venta”, indicaba por la noche la responsable del CSD, Irene Lozano, en El Larguero.
Hay que recordar que, actualmente, LaLiga tenía un acuerdo con distintas federaciones y otras ligas para emitir sus contenidos a través de su plataforma LaLigaSportsTV, aunque paradójicamente el principal problema en el anteproyecto de la nueva Ley del Deporte era precisamente que LaLiga siguiera manteniendo esos derechos. Con el ‘Pacto de Viana’ no sólo se ayuda al conjunto del deporte español, sino que se desbloquea esa normativa cuya actualización es demandada unánimemente por todo el deporte español.
Para el ciclismo, lógicamente también es una buena noticia. Por un lado, para que el Plan Estratégico de Alto Rendimiento y Tecnificación tan necesario tenga continuidad, pero con unos planteamientos mucho más rigurosos y claros de los que tuvo su primera fase el pasado otoño. Sin olvidarnos de que en las actuales circunstancias, algunos organizadores necesitarán ‘ayuda’ económica para sacar adelante algunas competiciones estratégicas, como Campeonatos o Copas de España.
Por otro lado, en la propia difusión de sus contenidos audiovisuales, que suponemos se incrementará con este acuerdo, ya que en el caso del ciclismo en pista deja mucho que desear: sin ir más lejos, en 2019, fue el de esta disciplina fue el único Nacional absoluto que no se emitió en directo, y que ni siquiera hubo un resumen televisado del mismo.
Un apunte importante que destacaba el presidente de la Fed. Española, José Luis López Cerrón, al periodista Carlos Arribas en el País días después ante la posibilidad de buscar nuevos recursos. «Tuvimos que emprender, por fin, una búsqueda mayor de ingresos fuera del Estado. Antes, apenas disponíamos de ingresos propios. Ahora mismo, nuestro presupuesto se completa con aproximadamente un 50% de subvención pública y un 50% de ingresos propios, vía patrocinadores, licencias, cuotas de organizadores…»
Si los ingresos provenientes del Estado se mantienen seguros (y hace unas semanas, el CSD se los aseguró liberando la partida de 50 millones de euros prevista en los presupuestos del Estado que se han debido prorrogar), son justamente los ingresos propios los que desaparecen. «No tenemos competiciones, no tenemos televisión, los patrocinadores no obtienen publicidad y no pagan. Y también las federaciones autonómicas han perdido su principal fuente de ingresos, las licencias de un día para competiciones populares o las cuotas de los organizadores… Íbamos a salir este año del plan de saneamiento, la deuda la teníamos prácticamente pagada, pero tendremos que renegociar un año más… Y espero que eso sea lo peor«, apuntaba el presidente del ciclismo español.