Representantes de distintos ámbitos relacionados con la seguridad vial han comparecido en la comisión correspondiente del Congreso para dar su opinión sobre el uso del casco en ciudad, ya que Tráfico ha querido que este asunto se debata en la Cámara antes de incluirlo en el nuevo Reglamento de Circulación.
Aunque la directora general de Tráfico, María Seguí, es partidaria de la obligatoriedad del casco en las urbes (en carretera ya lo es y en ciudad para menores de 14 años), la polémica que suscitó este asunto decidió a la DGT a proponer ese debate en las Cortes. En esta ocasión le ha tocado el turno a Mapfre, el RACC, un médico del hospital 12 de Octubre y la asociación catalana de víctimas de accidente de tráfico P(A)T-AP(A)T.
La presidenta de esta última asociación, María Eugenia Domenech, ha apostado por el uso obligatorio del casco y, aunque ha reconocido que en la mayoría de los países de nuestro entorno no lo es, se ha preguntado por qué España no puede perder el miedo a tomar medidas y ser pionera en este asunto. De todos modos, Domenech ha considerado necesario un periodo de adaptación, que en principio ha cifrado en dos años, desde que se apruebe el reglamento hasta que se imponga de forma obligatoria, lo que vendría bien no solo a los ciclistas, sino también a las empresas de alquiler. En ese periodo de transición tendrían que ponerse en marcha campañas de concienciación para recomendar a los ciclistas el uso de ese elemento de seguridad, ha dicho Domenech, quien ha abogado por ampliar de los 14 a los 16 años la edad para el uso obligatorio del casco para menores en ciudad.
Mientras, el director de la Fundación RACC, Miquel Nadal, ha apuntado la posibilidad de que la imposición del casco puede desincentivar el uso de la bici y ha recordado que España está a la cola de los países europeos en porcentaje de usuarios de este medio de transporte. Se ha mostrado partidario de que se generalice el uso del casco pero sin que se imponga, ya que la obligatoriedad podría tener un efecto disuasorio en las ciudades donde la bici ha tenido un cierto «boom».
Julio Laria, director del Instituto de Seguridad Vial de la Fundación Mapfre, que ha defendido una protección integral de los ciclistas, ha presentado un estudio de su entidad sobre el colectivo y su accidentalidad que refleja que el 57 por ciento de los casos analizados murió a consecuencia de traumatismos craneoencefálicos. La mitad de los ciclistas fallecidos no llevaba casco y ese porcentaje no varía notablemente entre los que perdieron la vida en ciudad y los que murieron en vías interurbanas.
Antonio Hernando, del Servicio de Medicina Intensiva del hospital madrileño 12 de Octubre, ha asegurado que las tres cuartas partes de los ciclistas que mueren en accidente fue a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico. Cada día de estancia en la UCI, ha subrayado Hernando, cuesta 2.700 euros, un coste evitable si se utilizaran elementos de seguridad como el casco que, además, es asumible económicamente para cualquier bolsillo.
Fuente: esciclismo.com