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El Sopela en Francia
Los ocho equipos continentales españoles femeninos se han llevado una desagradable sorpresa cuando han sido conocedores de los nuevos y más exigentes requisitos para seguir en la misma categoría en 2023. Unas normas que -como en los masculinos- dicta la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC) a diferencia de los conjuntos de primera y segunda división regulados por la Unión Ciclista Internacional (UCI). España -de momento- será el único país del mundo que aplicará este sistema para este escalafón con el objetivo de que las ciclistas tengan mejores condiciones, pero que en la práctica no serán tangibles por la escasez de recursos económicos de los implicados. Un presunto paso adelante que generará otros más atrás.
Bizkaia-Durango, Eneicat, Laboral Kutxa-Euskadi, Massi, Río Miera, Soltec, Sopela y Farto están obligados a hacer un supino esfuerzo económico el año que viene -y con cuatro meses de margen para inscribirse- si quieren conservar su actual estatus. La diferencia más reseñable es que los equipos deberán tener una plantilla de mínimo 8 y maximo 16 corredoras con licencia Elite Open y todas ellas han de estar dadas de alta en la Seguridad Social (SS) y cobrar como mínimo el salario mínimo interprofesional (SMI) establecido actualmente en 965 euros. Una cantidad que el actiual Gobierno de España planea aumentar en próximas fechas.
Además de las deportistas y en las mismas condiuciones, las estructuras incluirán -mínimamente- un director, un técnico adjunto, dos auxuliares y un médico, lo que eleva la plantilla a no menos de 12 componentes y un gsto mínimo mensual de 11.580 euros, seguros sociales aparte. Una cantidad inasumible en la mayoría de los casos donde prácticamente ninguna de las corredoras actuales cobra un céntimo por competir en los equipos citados. Profesionales solo en lo nominal.
A las condiciones laborales y contractuales también se exige que cada escuadra disponga de al menos de una autocaravana, tres vehículos turismos, un furgón y las obvias bicicletas y vestimenta preceptivas para competir lo que incrementa el montante económico.
Los que tengan poder económico para aceptar las normas, «la RFEC nombrará una empresa auditora, encargada de velar por el cumplimiento de esta normativa a los equipos con actividad la temporada anterior. Para formalizar la inscricpión, cada equipo continental deberá aportar, a su cargo presupuestario, antes del 10 de noviembre, el informe de esta empresa que garantice que el equipo cumple con todos los requisitos. Esta misma empresa auditora realizará un control antes del inicio de la temporada para acreditar este cumplimiento. Los equipos deberán realizar el pago de los salarios mediante transferencias bancarias, cuyos originales podrán ser requeridos por la Comisión Permanente en cualquier momento de la temporada».
Las alarmas y la preocupación por su futuro ha saltado en el precario pelotón femenino doméstico. Los y las diferentes mánagers, técnicos y patrocinadores ya están analizando la áspera situación que que les viene por delante. Y algunos ya están pensando emigrar a otros países como Portugal donde las normas son más laxas y sobre todo tarifas más baratas. Es el caso de lo equipos masculinos como el Java-Kiwi (Venezuela con sede en Galicia) o el Electro Híper Europa (Colombia instalado en la Comunitat Valenciana) que no se han inscrito como equipos españoles en tercera división por el mismo motivo. Manuela Fundación es la excepción.
¿Cuántos equipos habrá el 1 de enero de 2023? Una buena pregunta que tiene un plazo de respuesta y reacción raquíticos.
LAS NUEVAS NORMAS
Las nuevas normas de la RFEC © Ciclo 21
